EUROPA SE FIJA DE NUEVO EN PARCENT
De nuevo, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo reabre el caso de los 3 PAI (“La Solana”, “El Cantalar” y “El Replà”) de Parcent. El próximo miércoles 2 de abril, en la sala ASP A3E-2, en la sesión que comienza a las 15 horas, dicha Comisión debatirá de nuevo nuestro caso en el bloque de medio ambiente y agua.
Queremos recordar que los PAI fueron aprobados con numerosas deficiencias y falta de informes el 30 de enero de 2006, penúltimo día de vigencia de la LRAU. Se trató por tanto, de menoscabar los derechos de una población que, sólo esperando un par de días, podría haberse visto más protegida con una nueva ley, la LUV, menos mala (pero aún así en el punto de mira europeo). Pero no, se tramitaron mediante la LRAU a sabiendas de que estaba expedientada por Europa. De hecho, nuestro caso ha sido muy notorio y se ha sumado a las numerosísimas denuncias por las que la Generalitat Valenciana, a través del Estado Español ha sido llevada ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo, por incumplimiento de la legislación europea de contratos públicos. Cabe aquí explicar, en este sentido, que uno de los PAI de nuestra queja, el de “El Replà”, supera el montante por el cual debiera haberse publicado en el Boletín Oficial Europeo.
La queja sin embargo tenía más aspectos destacados, como es la necesidad, según la normativa europea, de informes de impacto ambiental que actualmente aún son inexistentes y que por supuesto lo fueron en la aprobación provisional. Estas carencias de informes tristemente fueron habituales en dicho acto. Posteriormente, a pesar de los obstáculos de las promotoras y del anterior equipo de gobierno de Parcent, se consiguió alguno de estos documentos inexistentes, como un informe de la autoridad competente respecto a los recursos hídricos, en este caso la Confederación Hidrográfica del Júcar, según el cual no está garantizado el suministro de agua. Por ello, este organismo recomienda su no aprobación. Respecto a la cuestión del agua, este ha sido el punto clave por el cual el Defensor del Pueblo y la Síndica de Greuges de la Comunidad Valenciana han emitido informes desfavorables respecto a la tramitación de los PAI.
Ni qué decir tiene que la oposición del pueblo fue y sigue siendo muy destacada. Por ello se iniciaron los trámites ante la institución europea y por ello se debatió por primera vez nuestro caso el 28 de noviembre de 2006, lo cual motivó una visita a nuestra localidad el 1 de marzo del 2007, por la que después se emitió un informe durísimo de la delegación de eurodiputados visitantes.
Ha pasado desde entonces mucho tiempo y las cosas aún siguen igual, y ello a pesar de haber perdido el anterior equipo de gobierno la confianza del pueblo en las elecciones y haberse iniciado la nueva etapa de gobierno de la CDP, a la que se integraron destacados miembros de nuestra asociación. Por su parte, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda sigue sin frenar la tramitación a pesar de que todo lo tiene en contra e incluso no atiende a ciertas demandas del Consistorio (como lo fue la petición de devolución de la documentación de los PAI para subsanar las deficiencias con que fueron remitidos). La mayor vergüenza ha llegado cuando una de las promotoras solicita orden de prisión en la querella criminal que ha interpuesto contra todos los concejales del gobierno local y el secretario, sólo por pedir esta documentación. Se actúa, así, de una manera similar a la de la mafia, intentando encarcelar a la democracia. Es pues hora de que las instituciones europeas vuelvan a saber de nuestro caso y vuelvan a actuar, si cabe, con más contundencia.
“Veïns de Parcent” ha decidido no acudir directamente al debate puesto que ha depositado toda su confianza en los dos miembros del actual gobierno del Ayuntamiento de Parcent que sí acudirán a la cita: el alcalde, Máximo Revilla y Jacqui Cotterill, primera teniente de alcalde. Las razones son: por una parte que, en dichas reuniones hay poco tiempo para hablar (por lo que no conviene duplicar exposiciones) y por otra confiamos totalmente en quienes tomarán la palabra en nombre del Ayuntamiento, puesto que incluso uno de ellos, Jacqui Cotterill, en su tiempo fue la presidenta de nuestra asociación y fue quien dirigió la denuncia europea y por tanto es quien más conoce la normativa y funcionamiento de las instituciones europeas.
Confiamos nuevamente en que Europa inste a las instituciones españolas y sobre todo a la Generalitat Valenciana a actuar conforme a la legalidad. Esperamos que lo hagan de manera contundente, pues es el futuro de la gente de nuestro pueblo el que se pondrá en el centro de la mesa del debate.